Concierto sentido

Esta reflexión viene al hilo de las declaraciones que realizó el pasado miércoles nuestro Consejero de Educación, el de la Junta de Andalucía, que hablaba, y yo estoy de acuerdo, de que en nuestra comunidad no iba a firmar conciertos con aquellos centros que segregaran por sexos. Pero yo no me quedo ahí, voy a la naturaleza de los conciertos educativos que son tan comunes aquí en Andalucía, a pesar del “régimen” y su discurso. 

Los conciertos educativos, entendidos como centros que reciben una aportación de las cuentas públicas, y, por lo tanto, aquellos que son sostenidos con fondos públicos, surgen, tal y como persisten en la actualidad, a partir de la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) aprobada en octubre de 1985, siendo Felipe González, presidente de Gobierno, y José María Maravall como ministro de Educación. 

Esta ley, os recuerdo, configuraba el tipo de educación “pública” y única en primaria y secundaria, mediante el apoyo con fondos públicos a los centros privados “concertados”. Con el tiempo estos “conciertos” auspiciados por el Ministerio fueron aumentando progresivamente y con ello se consolidó un sistema de financiación de centros privados, ya sean religiosos, ya sean laicos. Pues bien, a partir de esta ley, en concreto, desde el Real Decreto de Normas Básicas de Conciertos basado en la LODE, los colegios privados, ahora ya concertados, recibirían de manera regular las subvenciones que hasta entonces esa fecha recibían los colegios privados. 

Se puede alegar que los conciertos se hicieron para completar una escuela pública que necesitaba crecer por encima de las posibilidades presupuestarias. Como se ve, la educación y los presupuestos del Estado, primero, y de las Comunidades Autónomas, después, nunca han ido de la mano, ni tan siquiera han sido prioritarios para la Junta, y siempre han estado por debajo de lo necesario. Sin embargo, aquello que surgió por una necesidad real, pero, entiendo, que por una falta presupuesta – en principio- temporal, se consolidó de manera definitiva. 

Con la entrega de la competencias - ¿o han sido incompetencias?- , en materia de educación a las comunidades autónomas aquello de los convenios se mantuvieron o, incluso, - sospecho- se multiplicaron, especialmente en las capitales de provincia y en la grandes poblaciones, lugares con un volumen importante de población en edad escolar. Con lo que se siguió – y todavía continua- subvencionando con dinero público un negocio con fines socioeducativos, pero, eso, un negocio. Este último consiste en un sistema, método o forma de obtener dinero, a cambio de productos o servicios.
Para más "inri" la Junta de Andalucía favoreció masivamente la firma de conciertos con las Escuelas de Educación Infantil que atendían a niños y niñas de 0 a 3 años, vamos, a las Guarderías, y lo hará de forma generalizada aplicando para ello el reglamento de normas Básicas sobre Conciertos educativos y en el artículo 109 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Con lo que si ya había muchos conciertos en Andalucía, éstos se multiplicaron por la enésima potencia. Y nadie duda de que prestan sus servicios y que estos , casi con total seguridad, son buenos, pues tengo el convencimiento de que , al igual que la pública cuentan con buenos profesionales. 

Pero a lo que voy, al doble discurso, el exterior- el progresista- y el real – el conservador- . Y aquí nos vemos, con una administración, en este caso, la nuestra, la andaluza, que por un lado da un discurso pretendidamente progresista, y nos dice que todos los centros públicos y concertados son el Sistema Público de Enseñanza, pero en la práctica, siguen manteniendo o aumentando – incluso- los conciertos, algo que – parece ser- únicamente existe en Bélgica. Y no podemos negar lo que pudiera ser evidente, que los conciertos educativos pueden ser rentables para la administración, dado que son muchos más baratos que la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de un nuevo Centro Público, que sus profesores - seguramente, cobran menos- , y que la financiación llega mediante pago delegado. No se puede negar que el pago de personal no docente (conserjes, administrativos, limpieza,...) corre, entiendo, a cargo del centro, y que la gente que va a colegios concertados también paga impuestos con lo que también se pagan su educación. 

Pero también es indigno que en algunos centros públicos se hayan dado clases en “caracolas”, o sea en casitas portátiles, o que estos mismos centros públicos que carecen de las instalaciones deportivas que siempre aparecen en la normativa, pero que rara vez están presentes, sí lo están en los concertados que , en ocasiones, son sufragadas, según dicen, a través de las cuotas procedentes de las actividades extraescolares que en ellos se ofertan o como cuotas “voluntarias” del AMPA, o que en los centros públicos no se cubran las bajas hasta que no pasan quince días, o que sigan perviviendo conciertos cuando existen plazas libres en una escuela publica. A eso voy, que no se entiende la necesidad de realizar, en ocasiones, esos conciertos. Y que, a veces, pudiera dar la impresión de que los centros privados y concertados eligen a los alumnos, cosa que no se puede hacer, según la ley, pero que los que deben controlar eso - ¿pudiera ser la inspección?- no lo hacen. ¿Cómo se explica sino el tráfico de autocares que hay por toda la ciudad y en todos los barrios entre las ocho y las nueve de la mañana? 

La Junta se preocupa por la Educación por la Ciudadanía, el Consejero se preocupa de los conciertos que segregan, pero ¿se preocupan unos y otros de sus ciudadanos o de la eficacia del dinero invertido? En verdad, ¿se preocupa por nosotros como administrados, como docentes?